La atención a la discapacidad se refleja hoy en un importante cuerpo legal que permite situarla entre las prioridades estatales de orden social, politico y administrativo. El pleno ejercicio de los derechos ciudadanos por parte de las personas con discapacidad exige de los poderes públicos y de las diferentes Administraciones una permanente atención y la puesta en marcha de mecanismos especificos para que puedan disfrutarlos con garantía y en igualdad de condiciones con toda la ciudadanía. Podemos decir que la normativa de referencia en la materia viene constituida fundamentalmente, por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social y por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.