Fernando, residente en el municipio de Murcia, recibió el 3 de julio de 2016 una notificación en la que se le comunicaba la resolución de 27 de junio de 2016 del Excmo. Sr. Alcalde de Molina de Segura por la que se incoaba procedimiento sancionador por la supuesta comisión de una infracción grave, puesto que varias vecinas escandalizadas, habían presentado quejas ante el referido Ayuntamiento denunciando que los días 15 y 16 de junio de 2016 había bajado la basura a la calle vistiendo sólo unos ajustados pantalones cortos, alegando que su comportamiento era poco moral.
Una vez que recibió la notificación, como no se le especificaba que recogía la infracción que se le imputaba, acudió personalmente al Ayuntamiento, donde se le informó que la conducta no se encontraba expresamente recogida en ningún sitio, pero que el Alcalde entendía que tenia potestad suficiente para incoar expediente sancionador para salvaguardar el orden publico y la moral.
El día 10 de julio de 2016 Fernando recibió un mensaje por correo electrónico mediante el que la instructora del procedimiento le convocaba el día 11 de julio para una toma de declaración. Fernando acudió a la cita en la que se entrevisto con la Sra. instructora respondiendo a las preguntas que se le hicieron y aportando la información que estimó oportuna.
El 5 de septiembre de 2016, Fernando recibió una nueva notificación mediante la que se le comunicó la resolución de 1 de septiembre de 2016 del Excmo. Sr. Alcalde por la que se le imponía la sanción de 500 euros.
Fernando, residente en el municipio de Murcia, recibió el 3 de julio de 2016 una notificación en la que se le comunicaba la resolución de 27 de junio de 2016 del Excmo. Sr. Alcalde de Molina de Segura por la que se incoaba procedimiento sancionador por la supuesta comisión de una infracción grave, puesto que varios vecinos presentaron ante el referido Ayuntamiento denunciando que los días 15 y 16 de junio de 2016 había estado rompiendo distintos elementos del polideportivo municipal.
El 7 de julio Fernando recibió notificación del Juzgado de Instrucción número 2 de Molina de Segura en el que se le citaba para recibir su declaración en calidad de investigado por un presunto delito de daños.
El día 10 de julio de 2016 Fernando recibió un mensaje por correo electrónico mediante el que la instructora del procedimiento le convocaba el día 11 de julio para una toma de declaración. Fernando acudió a la cita en la que se entrevisto con la Sra. instructora enseñándole la citación judicial de la que sacó copia y presentó para que fuera incorporada al expediente.
El 5 de septiembre de 2016, Fernando recibió una nueva notificación mediante la que se le comunicó la resolución de 1 de septiembre de 2016 del Excmo. Sr. Alcalde por la que se le imponía la sanción de 500 euros.
D. Sergio Sixeart, residente en el municipio del Madrid, recibió el 3 de julio de 2016 una notificación en la que se le comunicaba la resolución del 27 de junio de 2016 de la Delegación de Gobierno por la que se incoaba procedimiento sancionador por la supuesta comisión de una infracción grave del artículo 14 de la Ley de Protección del Patrimonio Histórico, por realizar grabaciones artísticas con un punzón en un muro de cal de un edificio del municipio objeto de protección.
El día 10 de julio de 2016, D. Sergio Sixeart recibió un mensaje por correo electrónico mediante el que se le convocaba el día 11 de julio para una toma de declaración. El Sr. Sixeart alegó que si bien recuerda que aquél día un vecino le llamó la atención, él no sabia que estaba prohibido, por lo que detuvo su actividad inmediatamente.
El 5 de diciembre de 2016, D. Sergio Sixeart recibió una nueva notificación mediante la que se le comunicó resolución de 1 de septiembre de 2016 por la que se le imponía la sanción de 500 euros.
El día 22 de diciembre de 2016 la Sra. Raquel Cánovas quería entrar en la sala de baile «La Alborada», situada en la calle del Cachorro en Madrid. Los empleados de la compañía le negaron el acceso, sin que en ningún momento conociera los motivos de esta decisión. Ante esta situación la Sra. Raquel se dirigió a unos agentes de la autoridad para formular una denuncia contra tal actuación. Los agentes se dirigieron a la sala de baile para verificar las declaraciones de la denunciante. Durante la inspección que los agentes realizaron se detecta un exceso de aforo en el local que podría comportar riesgo para la seguridad de las personas.
En relación a la denuncia de la Sra. Raquel Cánovas, el órgano competente le notifica la no iniciación del procedimiento al considerar que no habían pruebas suficientes que demostraran la existencia de una infracción.
Por lo que respecta al exceso de aforo, se tramita un procedimiento sancionador. Este se inicia el 15 de enero de 2017 y se notifica al interesado el 7 de marzo de 2017. El procedimiento acaba con una sanción del órgano competente por falta muy grave, consistente en una multa de 20.000 euros y el cierre provisional por un periodo de diez meses. Esta sanción se notifica el 25 de julio de 2017, notificación en la que sólo se recoge la calificación jurídica de la infracción cometida y la sanción que corresponde a la misma.
Mediante Real Decreto del Gobierno se otorga al titular de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación, dependiente del ministro, la competencia para otorgar las autorizaciones relativa a la comercialización de determinados productos fitosanitarios.
Se establece como la exigencia de un informe previo de la autoridad de la comunidad autónoma del domicilio del solicitante así como la aplicación al procedimiento de lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común.
En el trámite de información pública al que se somete el expediente, una asociación ecologista formula observaciones al considerar que el producto X, podría ocasionar daños relevantes en el medio ambiente.
Mediante resolución del Secretario General, de fecha 15 de abril (martes) se deniega la autorización a la empresa «Mideling» señalando únicamente que contra la misma, ésta podrá interponer el recurso que corresponda para la mejor defensa de sus intereses. Se efectúa su notificación indicando el contenido de la resolución con fecha 24 de abril (jueves).
El día 31 de marzo de 2016, la Dirección General de la Vivienda, dependiente del Ministerio de Vivienda, incoa un expediente sancionador a L.M.M. constructor, debido a la vente de viviendas por precio superior al tasado legalmente. El procedimiento tiene duración máxima para la resolución y notificación de seis meses.
El 16 de noviembre de 2016, el expedientado es notificado con la resolución adoptada por la Dirección General el día 9 de noviembre, por la que valoradas las pruebas propuestas por L.M.M y en virtud de la cual se acuerda imponerle sanción por importe de 7.300 euros como autor responsable de la falta que se le imputada. La resolución, adoptada por delegación del Subsecretario, advierte que no es firme en vía administrativa e indica al destinatario los recursos que contra ella puede interponer y los pormenores de éstos.
L.M.M. deduce el correspondiente recurso el día 17 de diciembre de 2016 solicitando la suspensión del acto, con fundamento en que, de satisfacer la sanción pecunaria impuesta, por falta de suficiente solvencia financiera (que demuestra documentalmente) se vería obligado a no prorrogar los contratos laborales temporales de parte importante de su personal. En cuanto al fondo del asunto, invoca la ilegalidad del acto, debido a la indefensión que para él comporta la falta de la necesaria motivación del mismo.
No obteniendo respuesta al recuro interpuesto, decide continuar la correspondiente vía impugnatoria.
Antonio Bragueta Suelta, de 36 años, acaba de adquirir un dúplex en un conocido barrio cartagenero, pero tiene el inconveniente de no disponer de vado permanente en su garaje, por lo que solicita en el ayuntamiento el permiso correspondiente.
Antonio al presentar la solicitud, olvida poner la fecha y el lugar, por lo que el órgano competente le requiere para que subsane la falta de dicha información obligatoria.
El órgano competente para resolver, antes de dictar la resolución, decide mediante acuerdo motivado, la realización de las actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento, notificando dicho acuerdo a Antonio por lo que le concede un plazo de 10 días para que formule las alegaciones que tengan por pertinentes tras la finalización de las mismas.
El titular del Departamento de Seguridad Alimentaria, dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, acuerda la apertura del procedimiento para la concesión de la autorización de comercialización de determinados productos alimentarios.
Se establece como la exigencia de un informe previo de la autoridad de la Comunidad Autónoma del domicilio del solicitante así como la aplicación al procedimiento de lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común.
Mediante resolución del Secretario General, de fecha 15 de abril (martes), se deniega la autorización a la empresa «Campobello S.A» señalando únicamente que contra la misma, ésta podrá interponer el recurso que corresponda para la mejor defensa de sus intereses. Se efectúa su notificación indicando el contenido de la resolución con fecha 24 de abril (jueves).