Ante la grave problemática existente en el sector de la ganadería, las Comunidades Autónomas de Asturias y Galicia deciden federarse para así defender mejor sus intereses, con el consentimiento de las Cortes Generales y de las demás Comunidades Autónomas.
Poco después, la Comunidad Autónoma Vasca decide incorporar a sus competencias la pesca marítima, así como establecer un impuesto que grava los bienes de los ciudadanos vascos, con independencia del lugar donde se encuentren.
Por último, Extremadura decide poner en marcha un plan soberanista que causa gran malestar en el Gobierno central, al considerar que atenta contra el interés general de España. En consecuencia, se da traslado de esta situación al Congreso de los Diputados que, por mayoría absoluta, insta al Gobierno a que tome las medidas oportunas para salvaguardar el orden constitucional.