Un Juez de Instrucción de Granada ha recibido un oficio remitido por la Dirección Provincial de Tráfico relativo a la denuncia formulada a D. José Ruiz por conducir un ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas. Miguel, es funcionario de la Dirección Provincial y piensa que, según la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, la Dirección Provincial de Tráfico es la competente para sancionar el hecho y, por ello, pese a la recomendación directa de abstenerse de tramitar un procedimiento administrativo, llevada a cabo por un superior, resuelve imponer una multa a D. José. D. José recibe en su domicilio la notificación de la multa y, para evitar mayores problemas, se persona en la Dirección Provincial de Tráfico para abonarla, Miguel, sabedor de la imposibilidad de justificar el ingreso en la caja de la cuantía de la multa, decide quedarse con el dinero.