El Ayuntamiento de Murcia decide abrir procedimiento contra Rafael, vecino de la misma localidad, al haber recibido denuncias de muchos vecinos en las que se ponía de manifiesto que Rafael, que tiene una empresa de químicos, vertía sustancias de manera irregular en el rio Segura y que se encontraban preocupados por la repercusión que esto podía estar teniendo el entorno, tanto por el medioambiente como por la propia salud de la comunidad.
El 5 de octubre de 2016 Rafael recibe la notificación en la que se pone en su conocimiento el acuerdo de iniciación del expediente administrativo sancionador. Durante la instrucción del referido procedimiento, Rafael solicita la práctica de dos pruebas, una relativa a las horas en las que dicen los vecinos que vertía las sustancias y otra en relación a las sustancias mismas. Ambas pruebas son rechazadas sin darle ninguna explicación. Finalmente se acuerda imponer a Rafael una sanción de 1.500 euros, en acuerdo sancionador de fecha 11 de diciembre, que le es notificado el día 23 del mismo mes.